El estado en los procesos de expulsiones de las sesenta personas, interrumpido producto de un vuelo fallido a Venezuela, se tomó la pauta del Gobierno en la jornada. Con el tiempo en contra, la actual administración ha abordado el estado de las gestiones con declaraciones contrapuestas y posteriores rectificaciones que mantienen tenso el ambiente político. Cabe señalar que este lunes 27 se cumplieron cinco días como plazo máximo para que la Policía de Investigaciones (PDI) pudiera mantener detenida a la gente que está en proceso de expulsión administrativa.
En una primera versión, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró en un medio televisivo que las personas migrantes que estaban detenidas habían sido ya expulsadas en vuelos comerciales. “Pasó el fin de semana, y si no ha pasado alguna (expulsión) va a pasar hoy día (lunes)”, aseguró. Pero, más tarde la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, contradecía al subsecretario afirmando que “efectivamente” los vuelos aún no habían despegado desde territorio nacional. “Las expulsiones administrativas están a la espera de poder reagendar los vuelos, y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible”, aseveró. La discordancia entre dos autoridades de Gobierno rápidamente generaron una rectificación por parte de la secretaría de Estado, quién -en una vocería improvisada- salió desde el Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) «a clarificar la situación».
Vallejo explicó que de las 12 expulsiones administrativas, “cuatro ya se pudieron concretar a través de vuelos comerciales (tres ayer y uno hoy), y están pendientes otras cuatro porque pusieron recursos de amparo y la Corte determinó no innovar, y eso obviamente obliga a la PDI a suspender aquello y tendrían que liberarse“. Asimismo, señaló que las personas restantes esperan ser expulsadas durante esta semana, manteniéndose detenidas más del plazo establecido -según Vallejo- producto de un “espacio” que genera la normativa, en la medida que el proceso de expulsión esté en desarrollo. En cuanto a las expulsiones judiciales, dijo que «trece pasajes ya fueron comprados con destino a Venezuela para viajar durante esta semana; mientras tanto, las personas se mantienen privadas de libertad en distintos penales del país. Las demás expulsiones están programadas para los días siguientes». Consultada sobre si la rectificación respondió a un desorden comunicacional latente en la interna del Gobierno, obviamente la vocera dijo no compartir esa tesis, «dado que esa información se viene oficializando recién durante la vocería. Es imposible estar con un teléfono recibiendo la información”.
Longton: «Éste es el corolario de un Gobierno que improvisa»
Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, se pronunció sobre la gestión de la actual administración en materia de expulsiones, aludiendo a una “incompetencia” relacionada con una convicción que el Gobierno no comparte sobre esta herramienta de la legislación. “Ahora entendemos por qué la ministra Vallejo creó esta Comisión para la Desinformación, para hacerse cargo de la misma desinformación que está dando este Gobierno a diario”, declaró. “Es decir, esto es el corolario de un Gobierno que improvisa, que no sabe lo que está haciendo y que trata de dar una señal política al país, pero sin convicción; entonces, constantemente éstas parecieran ser desautorizaciones de la ministra Vallejo, que dejan mal su vocería porque es precisamente ella quien debe tener la primera y última palabra en materia de información de lo que está haciendo este Gobierno”, añadió.
Vodanovic: «Complejidades que quedaron del anterior Gobierno»
Desde la otra vereda, la senadora socialista, Paulina Vodanovic, restó responsabilidad al Gobierno en la agilización de expulsiones. “Aquí hay que entender que es una situación compleja sacar 12 mil personas, que se entenderá no son de este Gobierno, sino que hay mucho atraso en estas materias. El Servicio de Migraciones durante el Gobierno anterior tenía complejidades que quedaron ahí acumuladas y, por lo tanto, cumplir todo lo que ha sido ordenado por los tribunales o por resolución administrativa en un breve plazo es complejo”, zanjó.
Tardía respuesta frente a la crisis de seguridad en el país
Al Gobierno se le atribuye además una tardía respuesta en problemáticas de seguridad como el crimen organizado, narcotráfico y delincuencia, sumado a los recientes resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). Como parte de la estrategia para denotar la preocupación sobre estas materias, se prevé que el Presidente Gabriel Boric tome un rol protagónico desplegándose en actividades relacionadas con dicha agenda. Y, de hecho, en el marco de la inauguración de la extensión de la Línea 2 del Metro de Santiago, Boric entregó una primera señal, recalcando que “las prioridades de la ciudadanía son las prioridades del Gobierno, y desde este espacio donde contamos buenas noticias, conectamos también con las preocupaciones que ustedes tienen y sabemos que el combate a la delincuencia se realiza desde diferentes frentes”. Asimismo, el gobernante relevó los principales avances en la lucha contra el crimen que impulsa el Ejecutivo, tales como la detención de 706 personas en operativos realizados por Carabineros el fin de semana último y las demoliciones de narco mausoleos. Junto a ello, destacó los avances en la agenda legislativa con el ingreso del proyecto de Defensoría de las víctimas y la publicación de la Ley de Usurpaciones en el Diario Oficial.
Coloma: «Hay buen ánimo, pero falta velocidad, sentido de urgencia»
No obstante, a ojos de la oposición las medidas son insuficientes. Por lo mismo, el mismo lunes en la mañana el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), llegó hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos. En la reunión solicitó mayor urgencia en el fast track legislativo impulsado entre el Congreso y el Ejecutivo. En esa línea, el senador dijo que hay 18 medidas que ya son leyes, “pero queremos avanzar lo máximo posible, hay temas vinculados a la construcción de cárceles, hay temas de la seguridad privada que venimos a tratar de apurar el proceso, pedir las urgencias, para que de aquí a dos semanas más, tres semanas más, estén despachadas“. El parlamentario, tras la cita consideró que “hay un buen ánimo. Lo que pasa es que a veces no hay ese sentido de velocidad, de energía, de urgencia que uno echa de menos, porque en cualquier calle o ciudad de Chile hay desesperación. El esfuerzo que se ha hecho tiene que ser más masivo”.
