El Gobierno proyecta la deportación de 2.000 migrantes en un poco más de un año, en medio de la crisis de seguridad que se vive en el país tras los casos de secuestros extorsivos registrados durante las últimas semanas, así como el lanzamiento de una granada a una funcionaria de Carabineros, lo que según un funcionario de La Moneda «es la gota que colmó el vaso».
En reuniones realizadas en el Palacio de La Moneda la última jornada, se remarcó que las expulsiones serán concretadas, pero que no se puede criminalizar a todos, por lo que se determinó diseñar un «perfil de riesgo». Se indicó que si bien la prioridad es expulsar a quienes tienen antecedentes, también se pondrá atención en quienes, por ejemplo, integran el grupo de hombres de entre 18 y 40 años que trabajan formalmente o estudian en el país. Todo se halla en estos momentos en proceso de evaluación, se comunicó desde el Ejecutivo.
