* Parlamentarios de Renovación Nacional le exigieron al Gobierno la expulsión de 12 mil personas extranjeras antes de fin de año. De lo contrario -indicaron- será acusada constitucionalmente la ministra de Interior -en este momento Vicepresidenta del país-, Carolina Tohá.
Al respecto, Tohá señaló que “las cosas que nuestro Gobierno está haciendo en materia de control fronterizo y de aseguramiento de que la irregularidad no siga predominando en materia migratoria, las estamos haciendo por compromiso con los chilenos, con su seguridad, con su bienestar, por compromiso con Chile; no las estamos haciendo ni las haremos porque nos amenazan”. Declaró: “Me ha pasado varias veces en la vida recibir amenazas, en dictadura, de parte de grupos radicales siendo alcaldesa, de grupos de presión siendo diputada, pero nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente. Espero que sea la última vez”.
No obstante, tras esa declaración, reconoció que “efectivamente tenemos que mejorar en materia de expulsiones, no porque haya amenazas, sino porque es una necesidad y nuestro Gobierno ha hecho varias cosas en esa dirección”. Sobre el control fronterizo sostuvo que «el despliegue que se está haciendo no tiene precedente en los últimos años”. Afirmó que el Gobierno inauguró tres puestos de observación fronteriza, iniciativa enmarcada en la estrategia del Ejecutivo para reducir los ingresos irregulares por pasos no habilitados en la Macrozona Norte. Los puntos de control inaugurados en el norte del país cuentan con alta tecnología para las labores de resguardo de las fronteras, tales como cámaras térmicas para control fronterizo, sistema satelital (Internet y comunicaciones), cámaras de visualización perimetral con alcance de 5 km. en monitoreo nocturno y 10 km. en diurno.
La crítica al Gobierno desde el PC
Pero el diputado oficialista del distrito, Matías Ramírez (PC), criticó la inversión y aumento de recursos del Gobierno en materia de seguridad fronteriza, porque para él esos gastos “deberían destinarse a los núcleos urbanos”. Dijo que seguir invirtiendo recursos, tanto económicos como personales en la frontera, «es un despropósito desde que la situación migratoria ha ido bajando por distintas consideraciones, particularmente respecto de ciudadanos venezolanos, donde el flujo ha caído casi hasta un 70 por ciento en razón de situaciones climáticas o incluso económicas, que han generado la devolución de esas personas a su país de origen”. Acotó que considera que “la mayoría de los recursos deberían destinarse a mejorar ciertas brechas institucionales, tanto del Ministerio Público, como de policías, que tendría mucho más sentido”.
