En el marco del debate y votación particular de las partidas presupuestarias, este martes 14 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto del Ministerio del Interior, que venía de un intenso debate por la situación de inseguridad que vive el país. La partida logró ser aprobada gracias a la apertura del Ministerio de Hacienda, que a través de su titular, Mario Marcel, se comprometió a agregar en el segundo trámite en el Senado una indicación con 3.500 millones de pesos adicionales para el Servicio Nacional de Migraciones.
«El proyecto de Presupuesto para 2024 considera 3.700 millones para expulsiones, pasando de 1.300 a 3.700. Analizado el tema, a partir de los planteamientos que han hecho los parlamentarios, se va a ingresar una indicación que va a adicionar 3.500 millones de pesos a la glosa 05 del Servicio Nacional de Migraciones», explicó Marcel. Con esto se busca aumentar en mil más las expulsiones administrativas, las que en un comienzo eran 3.700, es decir, llegaría a 4.700. A esto se sumó también el compromiso del Gobierno de aumentar la urgencia al proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público.
Longton: «Espero se concreten las expulsiones»
No obstante, el diputado Andrés Longton (RN) apuntó que «espero que ese ánimo expresado en recursos se manifieste después en hechos, es decir, concretando esas expulsiones, porque hoy día nos superan las doscientas y el año pasado llegamos sólo a 34». Por otro lado, la oposición impulsó y logró introducir una glosa en la designación «Regularización de Rezago de Solicitudes Migratorias», que señala explícitamente que en caso alguno el Servicio Nacional de Migraciones podrá regularizar extranjeros que hubiesen ingresado clandestinamente al territorio nacional, o cuyo ingreso no conste a la autoridad migratoria.
En tanto, la oposición logró también aprobar algunas glosas, entre ellas una que permite, con recursos de Carabineros, financiar becas de estudio de hijos de uniformados fallecidos en actos de servicio, una indicación que en principio había sido declarada inadmisible por el oficialismo, pero que fue revertida después por la Sala.