El equipo pericial, técnico y administrativo del Servicio Médico Legal (SML) continúa en esta jornada de miércoles con los peritajes tanatológicos para la determinación de las causas de muerte de las 14 personas que fallecieron en el incendio ocurrido el pasado lunes en un campamento de migrantes en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío.
El trabajo de los especialistas del SML se extenderá por varios días, ya que se trata de una investigación compleja que requiere, determinación identitaria, realización de autopsias, definición identitaria y estudios genéticos.
En paralelo, la Fiscalía de Coronel continúa con las diligencias para determinar las causas del incendio. Personal de Labocar de Carabineros ya terminó las diligencias en terreno y mantiene la hipótesis del recalentamiento de una estufa artesanal ubicada en la única entrada y salida de la vivienda hecha de madera, en la que residían hacinados tres grupos familiares de ciudadanos venezolanos.
La tragedia incendiaria reflejó la crisis migratoria que está enfrentando el país, la inmigración ilegal y la tolerancia de las autoridades a los asentamientos precarios como el de Cerro Obligado de Coronel. Pero, eso no es todo, ya que a los propios migrantes no se les estaría respetando su derecho a vivir de manera digna. También, la pugna judicial entre el alcalde de la comuna en cuestión, Boris Chamorro, y la empresa Enel Generación, dueña del terreno.
Enel Generación, empresa dueña del terreno donde se produjo el incendio, sostuvo a través de un comunicado público que «“desde el año 2008, y especialmente desde 2014, estos terrenos fueron deshabitados por sus anteriores propietarios en atención a un plan de relocalización ejecutado en conjunto por las autoridades, la empresa y los vecinos. Por las características geológicas de estos inmuebles y su ubicación, fueron declarados no aptos para la vivienda”, detalló la empresa.
Enel precisó que “a inicios del año 2020, varios inmuebles de esta zona, algunos de propiedad de Enel, fueron ocupados ilegalmente, por lo cual la compañía presentó oportunamente las acciones civiles y penales pertinentes y efectuó diversos requerimientos administrativos para lograr el desalojo de los terrenos atendida la situación de riesgo e inseguridad en que hasta hoy se encuentran. Pese a lo anterior, la ocupación persiste y sus líderes siguen admitiendo nuevas familias que ocupan estos terrenos instalando allí construcciones que comprometen notoriamente los estándares sanitarios y de seguridad, como hoy lamentamos constatar”.
Tras los dichos del alcalde Chamorro, que afirmó que existiría un suerte de desestimación de la acción legal en su contra por parte del ministerio público, la Fiscalía de Coronel desmintió estas afirmaciones y de hecho aclaró que nunca ha desestimado la querella porque ese concepto de desestimación de la causa no existe y la investigación está agrupada y vigente. Además, cuenta con diversas diligencias y requerimiento de información, y se han realizado pesquisas por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y la de Investigación Criminal de la Policía de Investigación, junto a la Sección de Investigación Policial de Carabineros.
La tragedia en Coronel ha vuelto a poner en evidencia la necesidad de abordar la crisis migratoria de manera integral, con políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos de los migrantes y que eviten la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos de ellos.
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