El Ministerio de Educación (Mineduc) propuso a los profesores de Atacama retomar las clases el jueves 2 de noviembre, y extender el año académico hasta el 12 de enero de 2024. La movilización de los docentes en el norte se acerca a los dos meses y mantiene a 30 mil escolares sin clases. Sin embargo, este domingo 29 el gremio contestó señalando: «La respuesta del Gobierno ante el paro nos enoja, porque cambia el foco del conflicto, que está en funcionamiento del SLEP (Servicio Local de Educación Pública)».
El Colegio de Profesores de la Región de Atacama insistió en que el plan de retorno a clases en los 46 colegios locales, presentado el viernes por el Ministerio de Educación, no les satisface, y apuntó que no responde las demandas que dieron origen a su larga movilización. La institución acusa no contar con las condiciones mínimas para desarrollar su trabajo. Con cerca de 60 días de paralización, el Ministerio se comprometió a cumplir con los compromisos suscritos en el Plan Atacama por Mejor Educación Pública. Sin embargo, el Colegio de Profesores regional no quedó satisfecho con la propuesta. «La respuesta del Gobierno nos enoja, porque cambia el foco: el conflicto está en el tema del funcionamiento del SLEP», dijo el presidente regional del gremio, Carlos Rodríguez.
Enfatizó Rodríguez que «con respecto al plan pedagógico no tenemos ninguna observación, al contrario. A las pocas semanas del paro nosotros nos abocamos a hacer un plan pedagógico que, a medida que va pasando el tiempo, se va desplazando en una semana», explicó el dirigente. En ese mismo contexto, dijo creer que la medida no podrá garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos para el año académico de 2024, argumentando que si no se cumplieron las condiciones mínimas durante este paro, el año siguiente se mantendrá en la incertidumbre.
Tardanza en las decisiones
El diputado Hugo Barría (DC), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, tampoco se mostró a gusto con las medidas del Ejecutivo, y apuntó a la tardanza en las decisiones. «¿Por qué esperar, cuando las consecuencias las sufren las familias más modestas de nuestro país, los escolares que provienen de sectores poblacionales o rurales?, ¿Por qué siempre esperar a última hora?», cuestionó. «Estas situaciones se han presentado en la comisión de Educación de la Cámara, las han hecho presentes los senadores. Parlamentarios como el diputado Cristian Tapia y la senadora Yasna Provoste (DC) han presentado esto con mucho tiempo de anticipación», señaló.
Barría afirmó que es un error «esperar que la gota rebalse el vaso, que las consecuencias las paguen los estudiantes, que las familias opten por otros colegios y no por la educación pública». Como consecuencia del paro docente son 30 mil los estudiantes con clases suspendidas y sólo 14 los colegios que están funcionando. También, 18 jardines infantiles dependientes del sector público están en funcionamiento, ya que se les hicieron las mantenciones de infraestructura correspondientes.
