La delincuencia, el narcotráfico, las bandas organizadas que se adueñan de territorios y barrios, los saqueos, el comercio ambulante, extorsiones, etc., han generado un clima de inseguridad que afecta a todos los rincones de Chile. Si bien existen algunas voces que insisten en atribuir responsabilidad a los medios de comunicación en la generación de este clima de inseguridad, atendida la constante difusión de noticias de hechos delictuales, lo cierto es que las personas comunes y corrientes en cada rincón del país, incluso en lugares pequeños en los que hasta hace algunos pocos años “no pasaba nada” -según sus propios habitantes-, están sumidas en un importante manto de preocupación y sensación de inseguridad que se hace cada vez mayor.
El estudio de la empresa GfK, dado a conocer en octubre de 2023, muestra que la delincuencia es la mayor causa de preocupación de los chilenos (47%). Otro estudio, esta vez de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, publicada en marzo de 2023, arrojó -entre otros resultados- que el 72% de los encuestados cree que la delincuencia ha aumentado en su comuna en el último año, un 76% considera que el nivel de violencia de los delitos ha crecido y un 83% declara sentir temor cuando “regresa a su casa al anochecer”.
Una encuesta de victimización, elaborada e implementada por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chile -conocida el 12 de octubre de 2023- indica que un 61,8% de los locales comerciales vinculados al área de consumo en Chile han sido objeto de uno o más delitos. Pero, más allá de los datos que muestran los diversos estudios y encuestas, basta con hablar con los ciudadanos en la calle, con nuestros vecinos, con el dueño del almacén del barrio o del quiosco de diarios, con el taxista o el conductor de Uber, con nuestras familias y amigos, para darnos cuenta que estamos conviviendo con una delincuencia más violenta, agresiva y cruel, lo que nos tiene sumidos en una crisis de seguridad, y que el Estado es incapaz de hacer frente de manera efectiva a los ojos de la ciudadanía.
En este contexto, hace algunos días el Presidente Boric declaró ante los medios de comunicación que su Gobierno asumió el poder en medio de una “crisis de delincuencia”, pero que gracias a la labor de sus equipos “ha logrado ser encauzada”. Sin duda, él tiene que brindar apoyo a sus ministros, en especial a la titular de la cartera del Interior, Carolina Tohá, y también es cierto que se han tomado medidas para hacer frente al flagelo de la delincuencia, pero la pregunta que nos debemos hacer es si se está haciendo lo suficiente y lo necesario para velar por los derechos de los ciudadanos. Personalmente considero que las palabras de Boric reflejan autocomplacencia, y su percepción no sólo no refleja el sentir de las víctimas que día a día siguen aumentando, sino que tampoco representan a la gran mayoría de personas honestas que habitan este país y que hoy ven cómo su calidad de vida ha mermado.
El Estado está para el servicio a la persona humana y al logro de sus derechos, y en este orden de cosas es un deber imperativo dar protección a la población; para ello, el combate a la delincuencia resulta esencial, tanto mediante la utilización de medidas preventivas (incluida la entrega de oportunidades a los sectores más vulnerables) como represivas. El Estado debe ser el primer factor de seguridad y protección a las personas, pero su debilidad y su tolerancia a la delincuencia aumentan la sensación de inseguridad (como cuando un juez de la República ordena entregar las identidades de testigos protegidos a la defensa de miembros del Tren de Aragua). Por otro lado, la ineficiencia del Estado en materia de seguridad genera una consecuencia política preocupante: abre las puertas a los autoritarismos, y con ello arriesga la democracia.
* Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico Facultad de Derecho, UNAB