Más de 100.000 armenios, en su mayoría cristianos, han abandonado el territorio de Nagorno Karabaj, lo que representa el 83% de la población del enclave, según informó este sábado la portavoz del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.
«Hasta el momento, 100.417 personas desplazadas de Nagorno Karabaj han llegado a Armenia», indicó Pashinián.
Según cifras oficiales, unos 120.000 armenios vivían en este territorio montañoso antes de la ofensiva militar de Azerbaiyán, que recuperó el control efectivo de la zona el pasado mes.
La mayoría de los refugiados tiene familiares o amigos donde instalarse temporalmente en Armenia, mientras que unos 32.200, según los últimos datos, han aceptado alojamientos ofrecidos por las autoridades.
Pashinyán, que ha denunciado reiteradamente que Azerbaiyán lleva a cabo una «limpieza étnica», predijo que en los próximos días «no quedará ningún armenio en Nagorno Karabaj».
Azerbaiyán ha rechazado rotundamente las acusaciones de «limpieza étnica» y sostiene que la salida de los karabajíes de Nagorno Karabaj «es una decisión personal e individual y no tiene nada que ver con una reubicación forzosa».
El presidente azerí, Ilham Alíev, ha prometido que garantizará los derechos de los karabajíes que permanezcan en Nagorno Karabaj, pero sus palabras no han servido para evitar que el territorio se vacíe de armenios.
Expertos internacionales afirman que el éxodo de Nagorno Karabaj constituye un crimen de guerra.
Mientras decenas de miles de armenios huyen de sus hogares en Nagorno Karabaj, varios expertos internacionales afirman que el éxodo reúne las condiciones para constituir un crimen de guerra de «deportación o traslado forzoso», o incluso un crimen contra la humanidad.
Nagorno Karabaj está reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero está poblada principalmente por cristianos armenios que crearon la autodenominada República de Artsaj hace tres décadas, tras un sangriento conflicto étnico al desmoronarse la Unión Soviética.
El éxodo ha evocado el espectro de la guerra de 1988-94 entre los armenios y sus vecinos azeríes, parte de una historia de derramamiento de sangre y desplazamientos étnicos que se remonta a generaciones y que ha marcado la memoria popular de la región y ha generado un profundo temor y recelo mutuos.
Independientemente de la historia y de la falta de informes independientes sobre lo ocurrido en el interior del territorio aislado, varios expertos jurídicos internacionales creen que la huida masiva se ajusta a la definición legal de crimen de guerra.
Los documentos fundacionales de la Corte Penal Internacional (CPI) dicen que, al referirse al traslado forzoso o la deportación, «el término ‘por la fuerza’ no se limita a la fuerza física, sino que puede incluir la amenaza de la fuerza o la coacción, como la causada por el temor a la violencia, la coacción, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa persona o personas u otra persona, o mediante el aprovechamiento de un entorno coercitivo».
Ese «entorno coercitivo» se creó en Nagorno Karabaj antes de la ofensiva por la obstrucción de suministros esenciales por parte de Azerbaiyán, dijeron la abogada internacional Priya Pillai y Melanie O’Brien, profesora visitante de la Universidad de Minnesota y presidenta de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio.
