En la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que analiza los detalles de las pensiones de gracia por el estallido social, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que 23 de esas pensiones fueron otorgadas por el Gobierno de Gabriel Boric y 17 por el de Piñera. Casi al término de la sesión de la comisión especial investigadora sobre pensiones de gracia entregadas a personas por daños en el contexto del estallido social, Monsalve precisó que en total son 40 los que reciben este beneficio «y que tienen antecedentes penales».
Según el personero del actual Gobierno, “ninguno de los dos Presidentes tuvo a la vista los antecedentes como criterio”. De acuerdo al subsecretario, el procedimiento para otorgar este beneficio “no establecía poner a disposición ni exigir esos antecedentes. Si hubiese que tomar una nueva decisión (sobre) ese procedimiento, debe requerir el análisis de los antecedentes penales”, añadió Monsalve, quien precisó que “podemos garantizar dos cosas: las personas que tienen antecedentes penales, porque las hay, ya dije que eran 40, tienen en general, hay excepciones, pero son delitos menores y causas antiguas. Hay casos en que ese criterio no se cumple”.
Los datos entregados por el subsecretario del Interior estuvieron lejos de pasar inadvertidos en la comisión. «Durante 2022, en total, por vulneración de derechos en el marco del estallido social, se han autorizado 418 pensiones de gracia», precisó la autoridad. De ellas, según Monsalve, 148 fueron entregadas por el Gobierno de Piñera y 270 por el de Boric. En promedio, los montos de dichas pensiones de gracia son de alrededor de $400 mil. Explicó que las reglas para entregar estas pensiones fueron establecidas en la resolución exenta del 4 de enero de 2022, y que “en ninguno de los acápites de este reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales”.
Dos casos bastante discutibles
Monsalve aseveró textualmente en aquella ocasión que las personas con antecedentes penales «tienen en general, hay excepciones, pero son delitos menores y causas antiguas…». No obstante, entre los beneficiados durante la actual administración estaba Juan Francisco Villalobos Prado, 37, quien al recibir el beneficio se encontraba con una orden de detención vigente por estafa. Carrera Espinoza registraba 8 condenas por robo en lugar no habitado, 2 por hurto y una por desórdenes. Registra un largo prontuario en la Región de Tarapacá, entre 2003 y 2021, por delitos de diferente gravedad: 8 condenas por robo en lugar no habitado, 2 por hurto y una por desórdenes. Además, contabiliza 2 procedimientos de monitoreo por consumo de marihuana en lugares públicos y 2 multas por infringir las normas sanitarias durante la pandemia. El caso por el que recibió el beneficio: El 7 de enero de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella contra quienes resulten responsables de violencia innecesaria por las lesiones graves producidas a Carrera Espinoza, la que luego fue refrendada por otras denuncias. A la fecha no hay formalizados por aquella agresión.
Otro caso: el Gobierno incluyó a prófugo de la justicia en su lista de beneficiados con pensión de gracia de $593 mil mensuales por el estallido social. El 5 de julio de 2019 —tres meses antes del estallido social— el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago abrió una causa en contra de Juan Francisco Villalobos Prado como presunto autor de una estafa cometida en marzo de ese año en Conchalí. Tras diversos intentos por ubicarlo en sus domicilios de La Florida, el 23 de junio de 2022 se dictó su orden de detención. Casi tres meses después, los ministros Tohá (Interior) y Marcel (Hacienda) firmaron el decreto que le otorgó una pensión de gracia basados en un informe de la comisión presidencial que vio su caso. La comisión revisó una querella del INDH por presunta tortura y abuso sexual calificado, donde se detallaba que la acción se basó en el testimonio de Villalobos. (artículos publicados en Ex-Ante).
