Un sólido respaldo le entregó la Sala del Senado al proyecto que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal. Los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto, que quedó ahora en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados. Cabe recordar que la iniciativa forma parte del «fast track» legislativo en materia de seguridad y su objetivo es regular por ley la posibilidad que las policías puedan registrar sus actuaciones mediante mecanismos audiovisuales. La idea es que esos registros puedan servir como respaldo y sustento de sus actuaciones, tanto ante los tribunales de justicia como para quienes se ven expuestos al actuar de Carabineros, ante eventuales excesos.
El proyecto fue analizado por las comisiones de Seguridad Pública y de Hacienda, por lo que los presidentes de ambas instancias, senadores Felipe Kast y Ricardo Lagos, respectivamente, explicaron a la sala los principales alcances. En tal sentido, señalaron que anualmente se espera contratar en arriendo un total de 4.433 dispositivos para efectivos de Carabineros y de la PDI, por un costo de un millón 600 mil pesos por dispositivo. Lo anterior considera 1.630 cámaras para las unidades de Control de Orden Público de Carabineros (COP). Asimismo, se consideran los 493 efectivos policiales de Carabineros del Departamento de Drogas (OS7) y Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS9), debido a que investigan delitos violentos y bandas de crimen organizado.
Respecto de la PDI, se consideran 1.469 cámaras para las Brigadas de Robos y Brigadas de Investigación Criminal. Adicionalmente se consideran los 841 efectivos de las Brigadas de Antinarcóticos y de Crimen Organizado, las Brigadas de Reacción Táctica y Brigada de Investigaciones Policiales. El proyecto de ley irroga un gasto anual en régimen equivalente a $7.407.543 miles al año. Los senadores destacaron que esta iniciativa permitirá despejar dudas respecto del accionar de las policías y que, en ese sentido, constituye un adelanto importante para civiles y efectivos policiales. Recordaron que es un proyecto largamente esperado y que, con el tiempo, debiera ampliarse la cantidad de efectivos que utilicen estos medios de registro audiovisual. No obstante, plantearon que es fundamental la interoperabilidad del sistema y actualizar los sistemas de compras y la velocidad con que se realizan.
Cabe precisar que el proyecto faculta a los funcionarios policiales a registrar los procedimientos, y establece la obligación de entregar estos registros al Ministerio Público cuando sean solicitados, como asimismo el deber de destruir los antecedentes cuando sean obtenidos en lugares donde no se encontraba autorizada la grabación. También se establece una sanción de suspensión del empleo y de multa, en el caso eventual de que algún funcionario modifique, oculte, elimine o altere los registros.