El propósito de esta solicitud es esclarecer cómo se manejó la situación de estos 17 delincuentes en la Cárcel de Angol, donde retuvieron, secuestraron y maltrataron a los gendarmes de dicho centro penitenciario, además de llevar a cabo una supuesta huelga de hambre para obtener beneficios intrapenitenciarios. Esto preocupa profundamente a los diputados, ya que temen que esta situación abra la puerta a futuras acciones similares y que el Estado ceda ante las presiones.
En virtud de lo anterior es que un grupo de diputados pertenecientes a Renovación Nacional, compuesto por Miguel Ángel Becker, José Miguel Castro, Andrés Longton, Miguel Mellado, Jorge Rathgeb y Diego Schalper, ha solicitado a la Contraloría General de la República que inicie una auditoría para evaluar la legalidad del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Justicia, Gendarmería y un grupo de al menos 17 reclusos de origen mapuche que se encuentran distribuidos en diversos centros penitenciarios de la Región de La Araucanía.
Este grupo de reclusos fue noticia debido a su participación en la retención de tres gendarmes en la Cárcel de Angol. Su protesta se centró en la suspensión de las visitas durante las elecciones de consejeros constitucionales en mayo de 2023. Como respuesta, Gendarmería optó por trasladar a estos reclusos a otros centros penitenciarios, lo que desencadenó una serie de huelgas de hambre y otras acciones de protesta. Sin embargo, se ha informado que se llegó a un acuerdo que otorgó beneficios y permisos intrapenitenciarios a estos reclusos, sin aplicar sanciones relacionadas con su huelga.
Los diputados argumentan que «este acuerdo excede ampliamente el margen de discrecionalidad permitido por el Reglamento Penitenciario y no se ajusta a los propósitos establecidos para la concesión de permisos intrapenitenciarios. Además, de manera injustificada, se omitió la aplicación del Reglamento en el contexto de la huelga de hambre sostenida por los internos beneficiados». En este sentido, el diputado Miguel Mellado, representante de la Región de La Araucanía, expresó su preocupación y afirmó: «Lamentamos que haya chilenos de primera y de segunda. Los de primera son los mapuches que han secuestrado a gendarmes, han atentado contra sus vidas, amenazado a sus familias y han actuado de manera completamente arbitraria».
Añadió: «Es suficiente con los privilegios otorgados a quienes han perpetrado actos terroristas en La Araucanía. Aquellos que intentaron reunirlos en la cárcel de Angol cometieron numerosos atentados no solo contra agricultores, sino también contra centros de salud, escuelas y personas trabajadoras. Por lo tanto, solicitamos que el Contralor revise todas las acciones realizadas por Gendarmería, ya que son ilegales. Además, pedimos que el Ministerio de Justicia se abstenga de intervenir en situaciones donde no debería hacerlo, ya que todos los chilenos somos iguales y la justicia y las penas de prisión deben ser iguales para todos».
El diputado Jorge Rathgeb, quien fue testigo de los hechos ocurridos en la cárcel de Angol, expresó su desconcierto ante la concesión de todos estos beneficios y subrayó la necesidad de obtener explicaciones tanto para los diputados como para la sociedad en general. Por lo tanto, han presentado esta solicitud a la Contraloría para que ejerza su función de control administrativo sobre la discrecionalidad, asegurando que exista proporcionalidad y razonabilidad en su ejercicio, aspectos que, según los parlamentarios, claramente no se han cumplido en este caso.
