Chile sigue cumpliendo con los requisitos para acceder a una línea de crédito flexible, a la que accedió el Banco Central por la suma de US $18.500 millones «para fortalecer el instrumental frente al riesgo de shocks externos». En virtud de sus «sólidos fundamentos económicos y marcos de política institucional, así como de un historial sostenido de políticas macroeconómicas muy sólidas”, el FMI dio el visto bueno y lo comunicó a través de una nota. En ella, sin embargo, se sostenía que la subdirectora gerente del organismo, Antoinette Sayeh, indicó que “la economía chilena sigue expuesta a elevados riesgos externos, vinculados a una posible desaceleración mundial brusca y a un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, lo que podría provocar un descenso y una mayor volatilidad de los precios de las materias primas y una disminución de las entradas de capital”.
Sayed destacó allí que “los riesgos internos han disminuido en gran medida con la reducción de la incertidumbre en torno al proceso de reforma constitucional», además de que los muy sólidos fundamentos económicos y los marcos de política institucional «respaldan la resistencia y la capacidad de Chile para responder ante choques». Pero dijo también que «persiste el riesgo de descontento social por las demandas insatisfechas y el deterioro de la seguridad, así como la incertidumbre relacionada con el sector de la salud”. En tanto, los analistas sostienen que hoy no están las condiciones para un nuevo estallido social con las características de octubre de 2019, aunque las cifras de algunas encuestas, como la del Centro de Estudios Públicos (CEP) de julio último, reflejan el descontento ciudadano en áreas como la salud, y la seguridad. En tal sentido, piensan que este descontento puede generar el nacimiento de populismos que conduzcan a la posibilidad de arriesgar la consolidación de la economía chilena.
El cientista político y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Francisco Vicencio, opinó que no creía que actualmente existan las condiciones para un nuevo estallido social, «si bien persiste la demanda de la ciudadanía por una menor desigualdad y pobreza, por una mejor educación y salud, y siguen patentes los abusos; en general, evaluando estas áreas peor que en el momento del estallido, los costos para las personas generados por el estallido fueron bastante altos”. Agregó que el FMI puede estar advirtiendo de “una percepción de inseguridad con un alza inédita de homicidios y presencia de bandas criminales internacionales, lo que ha llevado a revalorizar el rol de Carabineros, que fueron altamente denostados durante el estallido social”.
A su juicio,“de persistir este descontento social no necesariamente se va a traducir en un estallido, pero sí, por ejemplo, en la irrupción de actores políticos no tradicionales, outsiders dentro de la política tradicional o ,eventualmente también, líderes populistas”. Por su parte, el coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Izquierdo, expresó que la ciudadanía ha mostrado hoy un deseo de mayor orden, y advirtió que la encuesta CEP ha dado cuenta del mismo descontento ciudadano que señala el FMI: Seguridad, como primera prioridad, y salud.
