La extensión de los trámites ambientales en la Región ha encendido las alarmas en el ámbito de la inversión y el desarrollo. Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) Bío Bío, ha exhibido la inquietante realidad: «los proyectos de inversión en esta región demoran casi dos años más en su proceso de evaluación ambiental que el promedio nacional».
La atención se centró en el caso del proyecto de tierras raras en Penco, cuya primera etapa involucra una inversión de US$130 millones y que tuvo que ser cancelada abruptamente por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío dado que el estudio no contempló la presencia de bosque nativo en el lugar donde eventualmente podría materializarse el proyecto de extracción de tierras raras.
Un estudio realizado en Concepción, arrojó datos preocupantes: durante el 2022, los plazos de tramitación en la Región del Biobío superaron en casi dos años el promedio nacional, alcanzando 1.666 días en comparación con los 1.059 días a nivel nacional. La situación se ha agravado en el 2023, con un retraso de 1.714 días en la región, mientras que el promedio del país se mantiene en 1.433 días.
El profesor Patricio Órdenes, quien lideró la investigación, también destaca que la proporción de proyectos de inversión aprobados por el SEA Biobío alcanzó mínimos históricos durante el 2022. Sólo un 28% de los proyectos ingresados logró el estado «aprobado». Sin embargo, cuando se analizan los proyectos en términos de montos de inversión, el panorama es aún más preocupante: solo un 10,1% de las iniciativas que ingresaron a trámite fueron aprobadas.
Incluso con la aprobación ambiental, los proyectos en marcha, en su mayoría parques eólicos, enfrentan dificultades en su concreción debido a obstáculos burocráticos y una serie de permisos requeridos. Álvaro Ananías, presidente de CPC Biobío, resaltó que la región está experimentando una de las etapas de menor inversión en su historia reciente.
El líder de los empresarios apuntó a la situación del proyecto de tierras raras como un claro ejemplo de la falta de disposición del SEA Biobío para buscar alternativas y mejorar los proyectos. En este caso, la decisión de cancelar el proyecto fue tomada debido a la tala de seis árboles, una situación que podría haber sido subsanada por la titular del proyecto, Minera Aclara.
Ante esta realidad, Ananías propuso un enfoque más integral en el proceso de evaluación, involucrando a los organismos sectoriales pertinentes, como Conaf, y fomentando la proactividad y el trabajo conjunto entre ellos. La situación ha generado una revisión de la conducción del SEA en la Región del Biobío, con la salida de la exdirectora regional Silvana Suanes Araneda y el nombramiento de Nelson Cortés en su reemplazo a partir de este mes de agosto.
