Arquitecta de Concepción y ex embajadora Susana Herrera es acusada de tráfico de influencias

A pesar de haber dejado su puesto como representante diplomático del gobierno de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera sigue en el centro de la controversia debido a sus acciones que no se ajustan al protocolo diplomático. Herrera gestionó un proyecto en colaboración con el Gobierno Regional del Biobío sin consultar a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, y su renuncia no ha logrado aplacar la controversia, sino que más bien la ha intensificado.

En un giro inesperado, los senadores Iván Moreira (UD) y Rojo Edwards (Partido Republicano), junto al diputado Jorge Alessandri del gremialismo, presentaron una denuncia por tráfico de influencias en contra de Susana Herrera ante la Fiscalía. Esta acción surge después de que el canciller Alberto van Klaveren informara a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre el inicio de un sumario administrativo en contra de Herrera.

La denuncia busca esclarecer si el tráfico de influencias, del que acusan a la exembajadora, constituye un delito. Los denunciantes apuntan a determinar a quién solicitó recursos Herrera al utilizar indebidamente su cargo de embajadora. Ella había pedido que se priorizara la asignación de US$ 7 millones para un proyecto en el que había estado involucrada antes de asumir su puesto como embajadora.

El diputado Jorge Alessandri enfatizó que la exembajadora utilizó su posición para ejercer influencia en otro funcionario público, un acto que está considerado como tráfico de influencias, un delito tipificado en la ley. Aunque el dinero no fue finalmente transferido, el simple hecho de solicitar los recursos constituye tráfico de influencias. Alessandri dejó en claro que llevarán la investigación hasta sus últimas consecuencias.

Además, los legisladores tienen la intención de averiguar si en otras embajadas con designación política se ha llevado a cabo una acción similar a la de Herrera. Planean consultar a otros embajadores políticos para descartar que esta situación sea parte de un patrón más amplio. En medio de sus pesquisas, esperan que el Ministerio Público solicite la revisión de los correos electrónicos de Herrera e incluso levante el secreto bancario para verificar si existen otras transferencias relacionadas con el caso y si la fundación que recibió los recursos mantiene algún vínculo con ella o su cónyuge.