«Estamos solicitando muchas diligencias con respecto a la delegada presidencial regional del Biobío. Lo propio en relación a la diputada Catalina Pérez, además pedimos que declare el ex ministro de desarrollo social Giorgio Jackeson y otras personas más de relevancia en la administración pública. Esta querella no es nominativa, es decir no es en contra de alguien en particular, sino que es en contra de quienes resulten responsables. En el curso de la investigación se va viendo si hay formalizaciones, ahí la situación jurídica de la o las personas puede ir cambiando. También solicitamos que declaren todos los integrantes del directorio de la fundación Organismo Social, que aparece con domicilio en Concepción y en Santiago. Y además existe un listado de unas doce o trece personas que son los directores que tendrán que declarar al tenor de la información que hoy día con la nueva ley de delitos económicos si es falsa les puede caer perfectamente la sanción a ellos, incluso la disolución de las personas jurídicas sena que persigan o no fines de lucro». Así lo resumió el abogado Fernando Saenger Gianoni al ser consultado por Hora12 sobre el fondo de la acción legal.
La diputada Flor Weisse, sostuvo que «con esta acción legal lo que se persigue es que se conozca toda la verdad en este caso tan lamentable y que los dineros sean restituidos ojalá completamente porque lo que ha ocurrido aquí es ocupar fondos fiscales para gastarlos en ítems que no están autorizados por la legislación. Lo que deseamos es que este tipo de acciones no queden impunes y que no se vuelvan a repetir».
En esta acción legal también forman parte los abogados Claudia Hurtado y José Cisternas, en calidad de querellantes. La resolución de tribunal, donde admitió a tramitación la querella en comento, fue dictada por el juez Marcelo Bustos y asigna el caso a la fiscal Mariana Marcela Iturrieta Seguel esta investigación. —
