Jueza de Chillán condenada a Pagar 45 Millones de Pesos por Deuda

En un fallo que pone fin a una prolongada controversia, la Corte Suprema ha condenado a una jueza de Chillán al pago de 45 millones de pesos, suma que desde el año 2013 mantenía pendiente con una prestamista. La prestamista, quien le proporcionó dicho monto para saldar deudas con otros prestamistas y entidades bancarias, había interpuesto la demanda.

Claudia Montero, la hoy jueza del Tribunal Oral de Chillán y quien también se ha desempeñado como ministra suplente en Cortes de Apelaciones y relatora en la Corte Suprema, se vio envuelta en esta contienda legal. El fallo emitido por el máximo tribunal del país acoge la demanda presentada por Carmen Julien Sepúlveda, quien había prestado la mencionada suma a Montero hace una década, en un momento en que la magistrada enfrentaba dificultades financieras debido a sus deudas con bancos y otros prestamistas.

El abogado de la demandante, Roberto Neira, expresó su satisfacción con la resolución, especialmente considerando que él fue el único profesional dispuesto a representar a su clienta en un litigio contra una jueza. «Uno se siente de alguna manera tranquilo con el trabajo que realizó, tomando en cuenta de que la demandante, en este caso, nunca quiso ser atendida por ningún profesional, porque la demandada en cuestión era una magistrada», afirmó Neira.

Sin embargo, el desafío ahora radica en ejecutar el fallo. Neira explicó que intentaron que el Primer Juzgado Civil de Chillán, donde Claudia Montero ejercía en 2013, ordenara el embargo de una propiedad para garantizar el cumplimiento de la sentencia. A pesar de que finalmente la Corte de Chillán emitió la orden, la ejecución resultó infructuosa, ya que la jueza Montero había vendido el inmueble en cuestión.

«Cuando se ingresa al Conservador para trabar la medida precautoria sobre el bien raíz de la jueza demandada, en este caso el Conservador rechaza la inscripción, porque la jueza durante todo ese tiempo ya había vendido meses antes la propiedad para burlar el cumplimiento de la sentencia», explicó Neira.

Ante estas preocupaciones, la presidenta de la Corte de Chillán, ministra Érica Pezoa, enfatizó que el abogado tiene todas las herramientas legales para solicitar el cumplimiento de la sentencia, sin importar que la condenada sea una jueza. «En lo concreto, hay una persona que demandó, que tiene ahora una sentencia que puede pedir su cumplimiento como respecto de cualquier otra persona; sin que ninguna incidencia tenga en ello que la persona demandada tenga un cargo en el Poder Judicial», manifestó Pezoa.

Este caso anteriormente llevó a que en 2014, la jueza Claudia Montero recibiera una sanción administrativa en forma de censura por escrito como resultado de un sumario abierto por el Poder Judicial.