Con firma quincenal, por microtráfico de drogas, quedó el ex administrador del gobierno regional del Biobío, Rodrigo Martínez Fernández, una medida impuesta por el juzgado de garantía de Chiguayante dictaminada tras celebrarse la audiencia de control de la detención en el citado tribunal. Esto último derivó del allanamiento que ejecutó la Policía de Investigaciones (PDI) en el domicilio de quien ejerciera el segundo cargo más importante del gobierno regional, después del gobernador. En el procedimiento policial, los efectivos de la PDI, ingresaron al dormitorio de Martínez y fue allí donde se detectó una cantidad de 114 gramos de cannabis sativa.
La formalización por microtráfico de droga se consuma dado que para consumo personal se permite una cantidad no superior a los 20 gramos. De ahí la constitución del delito. En la audiencia de control de la detención el fiscal Nelson Vigueras, confirmó que “se encontró droga, en el dormitorio matrimonial del domicilio del imputado, específicamente cannabis sativa por 114 gramos y por lo tanto el personal policial procede a la detención del imputado. Se le dieron a conocer sus derechos”.
El defensor penal público, Felipe Rojas, quien representa a Rodrigo Martínez, sostuvo que “se dio autorización de entrada y registro y se encontraron elementos que no están relacionados necesariamente con esta investigación”. Es decir, con las indagaciones por el caso convenios con fundaciones, particularmente por el caso de la fundación En Ti que arrendó Camila Polizzi.
Las medidas cautelares aplicadas con firma quincenal, la primera el 16 de agosto próximo, ante la policía de Carabineros de Chile y arraigo nacional o prohibición de salir del país, tal como lo determinó la jueza de garantía de Chiguayante María Francisca Silva.
Notable abandono de deberes
El diputado ecologista Felix González, sostuvo que todo lo que está ocurriendo con el gobierno regional del Biobío, amerita una acusación por notable abandono de deberes. “Yo le hago un llamado a los consejeros regionales para que realicen el trabajo de fiscalización del gobierno regional y hagan uso de sus funciones. Se necesitan 10 consejeros para presentar una acusación ante el tribunal electoral regional por notable abandono de deberes. Si el mismo gobernador dice que no tenía conocimiento de proyectos que él mismo firma, él firma asignaciones directas que no pasan por contraloría, tampoco por el gobierno regional; entonces él (gobernador) tiene que hacerse responsable y eso se llama abandono de deberes”.
