Representantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se querellaron contra el Gobierno Regional de Valparaíso, objetando la transferencia de 801 millones de pesos en total por trato directo a las fundaciones Fima y Terram, atribuidos a capacitaciones a 12 municipios para acceder a la justicia ambiental. La acción fue presentada por la secretaria general de la colectividad política, María José Hoffmann; el diputado Juan Antonio Coloma, y el abogado Pablo Toloza. La querella de la UDI se suma a una denuncia ya estampada por el diputado Luis Sánchez (Republicanos), por los traspasos a la fundación Terram. Aquí se pide transparentar la entrega de 380 millones de pesos a la Corporación Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud, «que se dedica a realizar charlas de Educación Sexual Integral a niños en las escuelas de la Región de Valparaíso».
Se trata de dos convenios suscritos el 16 de diciembre de 2022 por el Gore Valparaíso, uno con la Fundación Terram por $401 millones y otro con la Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) por $400 millones que, según la UDI, tienen unos objetivos completamente alejados de los fundamentos que exige tanto la normativa como los propios documentos firmados en ambos casos, que apuntaban a la necesidad de innovación y el fomento a la producción.
Citando los antecedentes de los cuestionados convenios, que a su vez refieren la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el abogado de la UDI que liderará la querella, Pablo Toloza, recuerda que lo que corresponde al Gobierno Regional es «proponer programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social», así como «establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de mejoramiento de la innovación para la competitividad».
