La PDI y Fiscalía allanaron en las últimas horas la casa del ex administrador regional del Consejo Regional del Biobío (GORE Biobío), Rodrigo Martínez, en el marco del caso Convenios. Martínez ocupó uno de los tres altos cargos del Gobierno Regional a los que se les solicitó su renuncia. Según se informó, la policía llegó hasta la vivienda del ex funcionario en la comuna de Chiguayante para realizar las diligencias correspondientes. A través de una declaración pública, el Gobierno Regional manifestó haber tomado conocimiento de procedimientos que considera rutinarios, realizados en el marco de la investigación por el llamado Caso Convenios.
En el marco de la polémica que ha generado el Caso Convenios a nivel nacional, donde el Gobierno Regional del Biobío se ha visto envuelto en alto grado mediático, esta vez los propios funcionarios han alzado la voz. Por lo mismo, en un comunicado sostienen que siempre se han mantenido trabajando correctamente en el ámbito técnico y siguiendo procedimientos establecidos por normativa.
Agregan que ante la serie de hechos e irregularidades detectadas en los últimos días, “como funcionarios no estamos disponibles para avalar situaciones irregulares o ilícitas al interior de nuestra institución, ya que somos los primeros interesados en cuidar y velar por la honra de nuestro personal y el prestigio de nuestro organismo”. La declaración puntualiza en seguida: “Queremos finalmente reivindicar nuestra labor como servidores públicos, junto con resaltar que el foco debe estar siempre en la búsqueda de la verdad y la justicia”. De esta manera cierran su publicación y postura frente a la investigación del Caso Convenios.
