«Desde el 2021 hasta ahora el gobierno regional del Biobío ha entregado más de $100 mil millones a institutos, fundaciones, corporaciones, ONG´s, privadas, sin ningún requisito, sin ninguna exigencia. A lo «compadre». Por ejemplo, el señor gobernador regional cuando colapsó el puente ferroviario sobre el río Biobío, contrató a dedo a la empresa de buses Hualpén. Él había sido gerente de la empresa Hualpén. Cuando le entrega sendos millones a una universidad de la región del Biobío, donde trabajan sus cuñadas. Cuando se contrata en Desarrolla Biobío a una fundación u ong en donde trabaja una hermana del señor gobernador. Es decir, estamos en presencia de irregularidades tremendas y quién denuncia, perdón por lo pretencioso, pero soy el único parlamentario a nivel nacional que ha presentado una querella criminal, por malversación de caudales públicos, en contra en este caso de un gobernador en la persona de don Rodirigo Díaz. En los últimos días hubo una reunión donde 20 alcaldes fueron a prestar respaldo al señor gobernador, pero si tiene contratado a hijos o hermanos de alcaldes, tiene contratados a hijos o hermanos de concejales. Por lo tanto están comprometidos» Así lo sostuvo el diputado Leonidas Romero.
Romero también se refirió a la querella presentada en su contra por parte del gobernador regional. El parlamentario sostiene que «todos los años las juntas de vecinos, talleres de mujeres o clubes deportivos le piden a los parlamentarios que les firmen una carta de respaldo cuando ellos postulan a fondos de tres o cuatro millones de pesos para cámaras de vigilancia en materia de seguridad, alarmas comunitarias u otro tipo.Yo lo hago gustoso. El año pasado dos instituciones tuvieron problemas en la rendición. . Una de ellas del sector Corcovado y otra de Lagunillas. Ambas de Coronel. Estaban ahí de por medio funcionarios y ex-funcionarios del gobierno regional. Me reuní en abril con el señor gobernador, a mediados de abril de este año y puse en su conocimiento la situación. También le pedí y sugerí que demandará a los funcionarios y ex-funcionarios involucrados, porque un servidor público de Estado cuando tiene conocimiento de un delito tiene el deber de denunciarlo en 24 o 48 horas. No lo hizo. Yo seguí insistiendo y me sugirió que nos reuniéramos con dos funcionarios de su confianza para ver el tema. Me reuní con ambos, entregué los antecedentes. (Nunca se hizo nada). Y ahora me demandó por estos hechos. Pero, sabe una cosa, me hizo un gran favor, porque hoy día la prensa nacional le está llamando para que entregue información», sobre la gestión del gobierno regional del Biobío. El diputado Romero, expresó que «he sido el único alcalde que se auto denunció cuando estaba en la municipalidad de Coronel por un rumor que hicieron circular unos concejales y también soy el único diputado que se denunció por los dichos de la ex-gerente general de Enap Loreto Silva. Por lo tanto tengo mi conciencia tranquila y voy a seguir apoyando a los vecinos. Pero está tan desesperado Rodrigo Díaz, por la corrupción galopante que ellos tienen (y por) el tema familiar, que me hizo un gran favor que planteara que había corrupción en mi administración». Asimismo, el parlamentario dijo que durante el presente año sólo se ha ejecutado el 40% de los recursos de la región del Biobío, más de 50 mil millones de pesos. Quieren bajarme, pero cuando me pasa que cuando me amenazan, me inyectan energía para, junto a mi equipo, seguir investigando y seguir denunciando».
2 causas distintas
En materia penal hoy Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada de Anticorrupción, señaló que la investigación que involucra a la ex candidata a alcaldesa y diputada por Concepción, Camila Polizzi tiene dos aristas diferentes. «Son dos cosas totalmente distintas. Estamos hablando de corporaciones y fundaciones que dicen en relación con temas de delitos de corrupción. La cuestión en particular que tiene la ciudadana dice relación con un tema de amenazas», sostuvo. Campos agregó que la denuncia de Polizzi es «un delito en lo particular, que el Ministerio Público de la Fiscalía Regional en lo particular está indagando y ahí, obviamente, esa es una cuerda totalmente separada y que no dice relación con corporaciones y fundaciones, lo que estamos nosotros investigando».