* El Grupo de Diarios América (GDA), hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes… Hora12 reproduce este relevante reportaje.
* Sobrepoblación, hacinamiento, motines, violencia, dominio de grupos criminales, que han derivado en muchos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Éste es el retrato de las prisiones en América Latina.
Rubén Ortega Montes, analista en seguridad en México, las describe como “bodegas humanas”, esos espacios en los que se elimina de manera parcial a quienes son perseguidos por la comisión de hechos delictuosos, y muchos de los cuales pasan años antes de recibir una sentencia. La situación de los presos llega a ser tan precaria, que pueden no tener un colchón para dormir o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser «traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes», pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de libertad. A esto se suman otros factores, como el de los miles de reclusos que pasan años sin recibir sentencia. Y hay países como Venezuela, o Nicaragua, donde debido a la situación política resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre dentro de las cárceles.
Población penitenciaria
De los 12 países analizados de 2016 a 2022, sólo Colombia, Costa Rica, Venezuela y el territorio de Puerto Rico, presentan una tendencia a la baja en su población penitenciaria. Es decir, la cantidad de reos en sus cárceles va a la baja, pero en Venezuela sólo se cuenta con datos de 2018 y 2020. Las prisiones de Puerto Rico son las únicas que no registran sobrepoblación; al contrario, la cantidad de presos ha disminuido desde 2016 de 11.642 a 7.252 en el período 2021-2022. Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de 7 años son Brasil, México y Argentina, pues tienen mayor densidad de población. En México, 47.3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146.08%, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En los últimos 7 años, la población penitenciaria de México sólo estuvo por debajo de los 200 mil reos en 2018. En Argentina, desde 2016 las cifras de presos han ido en aumento; para 2022 este dato creció un 33% (de 76.261 reclusos en 2016 pasó a 101.267 en 2021, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep).
Brasil, Chile y Colombia
En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833.176 presos, mientras que en 2019 había 755.247. Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, ya que de acuerdo a registros oficiales en 2019 había 41.977 personas recluidas; en 2020 esta cifra cayó a 3.813 y en 2021 nuevamente alcanzó la cifra de 38.718 recluidos. Este cambio fue debido a la libertad vigilada, que sin embargo la ciudadanía considera un fracaso (de marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La sobrepoblación carcelaria en el país pasó de 0.5% en 2016 a 7% en 2022. En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). “La población carcelaria, según revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), era de 97.860 hasta diciembre de 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. En realidad, sólo hay cupo para 81.175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo a las cifras de 2022, es de 16.685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21%”.
«La cárcel más grande de Latinoamérica»
Costa Rica, según el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16.265 en 2019 (31% de sobrepoblación); en 2022, la sobrepoblación era de 6.4%; este año, con 15.141 presos, la sobrepoblación es de 10%. Sin embargo, hay cárceles (como las llamadas Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez), cada una con sobrepoblación superior al 40%. En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016 tenía una población carcelaria de 36.824 reos; en 2018, la cifra se disparó a 39 mil 640, y para febrero de 2022 (último dato disponible), la cantidad era de 39.538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%, mientras que para diciembre de 2018 bajó a 69%. Esto, porque en febrero de este año, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele inauguró el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que el gobernante anunció como “la cárcel más grande de Latinoamérica”, con capacidad para 40 mil personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado habían sido trasladados allí unos 5 mil presos, según datos del Gobierno.
Perú: La mayor crisis carcelaria
En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100%; es decir, hay 89.877 reos y sólo tienen espacio para 41.018. El hacinamiento llega a ser de más de 400 o, incluso, de 500%, como en el EP Callao. En República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25.437 en 2016 a 26.782 en 2017. Para 2020 ya era de 27.026, y en 2022 de 25.711. Actualmente se cifra en 25.370, con una tasa de hacinamiento de 62.2%, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP). En tanto, según el último informe (2021), publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, “en las primeras dos décadas de este siglo el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”. En 2019 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8.3%; en 2020 subió a 12.6%. En cuanto a la sobrepoblación, un ejemplo basta: en la Unidad 5 (Cárcel de Mujeres), la ocupación era de 143% en 2021.
El caso de las cárceles venezolanas
En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles parece misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020, la población carcelaria era de 32.200, cuando la capacidad máxima es de 20.438. “Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre, ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de la Salud”, determinó el Observatorio.
El Tiempo de Colombia acompañó en marzo y abril de 2023 inspecciones realizadas en seguimiento al ECI en estaciones de policía también hacinadas: 214 personas que ya estaban condenadas y permanecían detenidas allí fueron trasladadas. Se encontró a 16 personas en la estación de Policía de Engativá, que estaban presas en un lugar que era para disponer basura. También fueron trasladadas. En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2.000 personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7.608. “El centro posee la cantidad más elevada de gente con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado “Los Malogrados”. La razón: alberga también a internos con tuberculosis u otras patologías contagiosas.
Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares y/o de abogados. En El Salvador, desde el 1 de marzo de 2020 no se permitía ningún tipo de visita a privados de la libertad. La prohibición se inició en 2019, pero sólo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al comenzar la pandemia de Covid-19 se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, y este año se regulariza la situación y han retomado las visitas legales.
Reclusos sin sentencia y motines
Otro indicativo de la situación de las cárceles es la cantidad de presos sin sentencia. El caso más grave es Venezuela, donde de acuerdo con el Observatorio, la cantidad de condenados es de 47%, con cifras de 2022. En países como México, Perú o Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda el 60%. En Colombia y Brasil supera el 75%, mientras que en Uruguay asciende a 85%. En República Dominicana suman 90%. De El Salvador no hay datos actualizados. Hasta 2021, 76% de los presos había recibido sentencia. Sin embargo, se dice que ninguno de los 68.294 capturados ha recibido condena. Aunque no al nivel de los motines que se han visto en prisiones de Ecuador o en Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones evaluadas aquí. México destaca en el rubro Según el Violentómetro Penitenciario que elabora la organización civil Asílegal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a mil 45 privados de la libertad. Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2.499 incidentes violentos. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.
Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel La Modelo, considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se estaba dando a los contagios de Covid-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos -23 de ellos con arma de fuego- y 107 heridos. La situación se repitió tres meses después en Argentina, donde el diario La Nación reportó motines de reclusos que exigían beneficios excarcelatorios para evitar el peligro de los contagios masivos, con saldo de al menos cinco muertos. Más allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines en los penales. En Costa Rica, las riñas han dejado cuatro reos muertos este año. En República Dominicana se registraron al menos 15 motines con 11 reclusos fallecidos en el año 2022. En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió en julio de 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando Ro. Murieron 57 reclusos. A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México a Colombia y Argentina.
En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas, que estudió siete prisiones, encontró que desde allí se planifican y controlan “más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares”. Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes, que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región. En Argentina, este problema ha crecido en los últimos años, además de extorsiones, organizaciones del crimen organizado orquestan desde prisión venganzas y ataques extramuros.
Chile: los tentáculos de los cárteles
Mientras en países como Perú, Costa Rica y Uruguay no hay grupos identificados que controlan las cárceles, la violencia o extorsiones, en México son los cárteles los que están al frente. Principalmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, seguidos por el Cártel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leyva y los Zetas. Los tentáculos de estos cárteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, “el control de los penales está entre los objetivos de los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, como se ha visto en Ecuador. En Chile puede serlo perfectamente el Tren de Aragua –el que ejerce el control-”. El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas. En Colombia, hoy los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del 2000, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el PCC y el Comando Vermelho.
El llamado «populismo penal»
La situación de las prisiones en Latinoamérica no ha mejorado en los últimos años y tiende a agravarse por diferentes factores, entre ellos el “populismo penal”; es decir, el endurecimiento de medidas penales para afrontar la inseguridad, impunidad y corrupción, sin atender las causas reales como la pobreza, desigualdad social, entre otras, señala Manuel Jorge Carreón Perea, especialista en Derechos. Rubén Ortega Montes, analista en seguridad, advierte que el crecimiento de la delincuencia organizada les ha dado poder también al interior de las prisiones, donde la mayoría de las veces existe un gobierno interno paralelo al institucional y oficial. El autogobierno, asegura, impone sus cuotas en trabajo, dinero, especie y servicios. Aparte, estos cabecillas de prisión tienen comunicación con las estructuras delincuenciales que se encuentran libres en las calles. “Con ello se convierten las cárceles en palacios blindados y enrejados que protegen a algunas figuras de alto rango”, enfatiza Ortega Montes. En lugar de rehabilitación o reinserción social, los directores de reclusorios o de penitenciarías se conforman con tener el supuesto control a través del líder delincuencial de las distintas áreas de los penales, a través de la corrupción, manifiesta el analista. (Agencias).
