Los republicanos están ante una encrucijada muy difícil de resolver. La intransigencia en cuestiones de principios los ha llevado al éxito, y hoy son el partido con el que más se identifica la gente según la encuesta CEP. La ausencia de ambigüedades ha sido su bandera contra la derecha moderada y transaccional a la que derrotó en las últimas elecciones. Su electorado ve al diálogo como debilidad y las concesiones como entreguistas propios de la política tradicional, caracterizada por las componendas. Son el partido rebelde, desafiante, que no asiste a los “conciliábulos” ni mesas de negociaciones, acostumbrados a caminar en solitario.
El Partido Republicano se ve a sí mismo como el muro de contención a las “maquinaciones” de una izquierda “woke”, que busca imponer sus valores al conjunto de la sociedad. Se sienten parte de la “guerra cultural” que se ventila a nivel mundial, que defiende los valores tradicionales cristianos, refractarios de las comunidades LBTGQ. Repudiaron a Piñera cuando aceptó la Asamblea Constituyente, votaron rechazo en el plebiscito de entrada y han sido los defensores implacables de la Constitución vigente. Es un partido de derecha sin complejos, que no se arrepiente de nada. Son el partido de la “mano dura” que, según la CEP, es justo lo que los ciudadanos estarían pidiendo, estando incluso dispuestos a sacrificar sus libertades personales para combatir la delincuencia. Los republicanos son el único partido cuyos electores los podrían castigar por transar.
Por eso el Consejo Constitucional ya no es una taza de leche. Se apresuraron quienes confundieron las buenas maneras de los republicanos con una flexibilización de sus posturas, ensalzando el anteproyecto de los expertos como un histórico acuerdo transversal; porque, la verdad sea dicha, ellos nunca se sintieron vinculados con el documento en cuya redacción no participó ningún personero representativo de la cúpula del partido. Los republicanos siguen creyendo en la idea de la “democracia protegida”, que encarna la Constitución vigente y que fue desechada por los expertos en favor de lo que hoy se denomina una constitución “habilitante”, es decir, que habilita al Parlamento para decidir con entera libertad las políticas públicas como la Salud, Educación, Seguridad Social y el rol del Estado en la Economía, entre otras cosas.
Para la izquierda, que intentó entronizar su programa político en la Constitución que fue rechazada, la idea de una Constitución habilitante es un salvavidas que le permite seguir luchando desde el Parlamento por implementar sus reformas sin impedimentos ni obstáculos constitucionales. Eso es justamente lo que los republicanos nunca han estado dispuestos a aceptar. Menos ahora que, por circunstancias de la vida, tienen una mayoría relativa en el Consejo Constitucional. Las indicaciones de los republicanos reflejan con toda nitidez cuáles son sus convicciones, sus “líneas rojas”; y es en torno a esas cuestiones donde está trabada la litis con el oficialismo, algunos de cuyos personeros han dicho con razón que de aprobarse harían que sus ideas terminen siendo inconstitucionales. Esto, que suena tan aberrante, es justamente la idea de los republicanos y que está presente en toda la arquitectura de la Constitución actual.
Para los republicanos, consagrar el derecho a elección en salud, entre un sistema (no proveedores solamente) público o privado, significa que las personas tienen derecho a destinar su cotización a uno u otro con entera libertad. Un asunto que los expertos, en aras de un acuerdo, optaron por soslayar. También pretenden constitucionalizar algunos aspectos del sistema privado de pensiones, que hoy está consagrado sólo en un decreto ley, tales como la heredabilidad de los fondos, las cuentas individuales, y la prohibición de que los fondos de las pensiones autofinanciadas se puedan usar para financiar solidaridad en el sistema. En materia del derecho de huelga, los republicanos buscan mantener el estatus quo, de modo que ésta sólo se podrá ejercer en el contexto de una negociación colectiva, prohibiendo la negociación por ramas. En cuanto a la idea del Estado Social de Derechos es donde parece haber más consenso. Sin embargo, mientras para la izquierda significa el fin del Estado subsidiario, para los republicanos ambas cosas serían enteramente compatibles. Ellos aceptan una versión descafeinada, cambiando incluso su ubicación jerárquica en el texto.
En asuntos valóricos un abismo separa a ambos sectores. Los republicanos parecen estar dispuestos a mantener las tres causales que hoy permiten poner término al embarazo y, al mismo tiempo, hacer casi imposible el aborto como un derecho, lo que requeriría cambiar la Constitución en el futuro, con un quórum de dos tercios. Es posible que acepten la fórmula de los expertos, de una paridad 60/40 transitoria, lo que es considerado un retroceso para el feminismo. Naturalmente, el oficialismo se manifiesta indignado y levanta el fantasma del rechazo. Como cuando Putin amenaza con utilizar armas nucleares tácticas en contra de Ucrania. Piensan que dañarían la opción presidencial de los republicanos, porque se rechazaría la “Constitución de Kast”. Pero eso no tendría necesariamente el efecto devastador que la izquierda imagina. Muchas, no todas por supuesto, de las indicaciones de los republicanos, son muy populares con los ciudadanos, según indican todas las encuestas, mientras que la mayoría de las propuestas de la izquierda ya fueron rechazadas en el plebiscito de salida.
A esto hay que agregar el enorme desinterés que hay en la población sobre el proceso constitucional, lo que más bien refleja que el asunto no es prioritario para las grandes mayorías, que no creen que una nueva Constitución les resolverá sus problemas más urgentes. Que es un asunto que obsesiona a “los políticos”, entre los cuales no incluyen a los republicanos, que siempre han estado en contra. Para los republicanos, que se mantenga vigente la Constitución actual que ellos siempre han defendido, podría ser considerado un triunfo. No imagino a Boric llamando a votar por el rechazo, pues sería un gran fracaso para su Gobierno, que lo dejaría empantanado hasta el último día de su mandato. Para los republicanos y su líder, hacer concesiones para satisfacer a la izquierda podría tener más costos que beneficios, sobre todo porque la izquierda saldría, con razón, a celebrar como un gran logro la aprobación de una Constitución habilitante que pone fin a la democracia protegida. (Artículo publicado en Ex-Ante. Autorizado por el autor).
Por Jorge Schaulsohn, ex presidente de la Cámara de Diputados.