La audiencia de formalización se verificará a las 10 de esta mañana en el Juzgado de Garantía de Yungay,, ocasión en donde el Ministerio Público comunicará los cargos al ex-alcalde y actual concejal de Tucapel José Antonio Fernández Alister por supuestos ilícitos contemplados en el artículo 239 del código de procedimiento penal y que habrían sido consumados – por cerca de $ 100 millones- durante el período en que Fernández ocupó el cargo de jefe comunal entre los años 2012 y 2016. El requerimiento de formalización se adoptó por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Yungay, Mario Lobos Ortiz, por hechos que ocurrieron en los años 2014 – 2016, relacionados con la instalación de luminarias LED en la comuna de Tucapel.
En sesión ordinaria del Concejo Municipal, el 20 de febrero de 2014, en el punto 6 de la tabla, el ex alcalde Fernández propuso aprobar una iniciativa de reposición del sistema de alumbrado por tecnología LED en la comuna de Tucapel. Indicó que el costo, que ascendía a 850 millones de pesos, se generaría con un autofinanciamiento, pues se pagaría la mitad del gasto que se cancelaba históricamente en energía, mientras que el resto del monto sería destinado a pagar las cuotas a la empresa adjudicada, por un período de 10 años. Además, agregó que si la empresa no cumplía con el porcentaje de ahorro, debía efectuar el desembolso mayor correspondiente.
En abril de 2014 se aprobaron las Bases Administrativas y Técnicas para la Ejecución y Mantención de este proyecto, documento que estipulaba la mantención según garantía técnica de los equipos instalados del alumbrado público por un período de 10 años. Sin embargo, en el contrato suscrito por ex edil con la empresa Frontel, se estipulo que cancelarían 120 cuotas de 7 millones de pesos, aproximadamente, que debía atender al ahorro energético materializado en las cuentas de consumo energético eléctrico respectivas, considerando como base de comparación el consumo registrado en el mes anterior al inicio de la intervención, además, se eludió la autorización previa del Ministerio de Hacienda, que era exigible para este tipo de contratos, pues conlleva un endeudamiento para el municipio.
Con relación a la autorización de los estados de pago mensuales, el Municipio y el oferente proveedor debían tener una reunión técnica mensual, de la cual se evaluaría el informe correspondiente para autorizar el pago y generar la factura correspondiente. Dicha reunión debía autorizarse a más tardar 5 días antes de la fecha de pago.
Sin embargo, este contrato, en supuesta conveniencia para la Municipalidad por un aparente autofinanciamiento imputable a un consumo y no a una inversión, significó la disposición de recursos públicos por un pago en exceso de $89.213.530, no operando el supuesto autofinanciamiento, y se pagaron $10.111.016 indebidamente por concepto de mantenimiento, suma que en teoría y de acuerdo a las bases de licitación, debía ser cancelada por la empresa Frontel.
Por lo anteriormente expuesto, se produjo un perjuicio al patrimonio de la Municipalidad por un monto de $99.324.546, comprometiendo además recursos con cargo a obligaciones de pagos futuros.También serían parte de la formalización cuatro ex-funcionarios del periodo en cuestión. Se trataría de: Rodrigo Álvarez Aldea, Mario Wholk Caro, Arlette Venegas Quiroz y Yohana Burgos Burgos.
Postergada audiencia
La sesión fue suspendida por el tribunal de garantía de Yungay, dado que la defensa de los requeridos argumentó tener muy escasa información sobre los detalles de la formalización. Por lo tanto, se decidió convocar a una nueva audiencia para el mismo efecto, sesión que se materializará el lunes 27 de julio de 2023, a las 9,30 horas.
