Con las protestas del gobierno de la república popular China, fue recibida en la comunidad internacional la confirmación que la OIEA, institución de Naciones Unidas para la energía atómica que lidera el argentino Rafael Mariano Grossi, validó descargar al mar el agua tratada almacenada en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Según la entidad de la ONU los compuestos del líquido contaminado se ajustan a las normas de seguridad del OIEA.
En un informe que el Director General, Rafael Mariano Grossi, presentó oficialmente al Primer Ministro del Japón, Fumio Kishida, en Tokio, el OIEA también manifestó que las descargas del agua tratada tendrán un impacto radiológico insignificante para las personas y el medio ambiente.
El documento es el resultado de casi dos años de trabajo por un Grupo de Tareas del OIEA compuesto por especialistas destacados del Organismo que contaron con el asesoramiento de expertos de renombre internacional del ámbito de la seguridad nuclear procedentes de 11 países. Los especialistas examinaron los planes de Japón conforme a las normas de seguridad del OIEA, que son una referencia mundial para la protección de las personas y el medio ambiente y contribuyen a lograr un nivel de seguridad elevado y armonizado en todo el mundo.
La decisión de la ONU de arrojar agua radiactiva al océano pacífico desató la protesta de China. El gobierno de ese país ha expresado su opinión sobre la decisión de Japón de verter agua contaminada con material nuclear en el océano Pacífico.
«La decisión de Japón de verter agua contaminada con material nuclear en el océano Pacífico vulnera gravemente su obligación de proteger y preservar el medio marino en virtud de las leyes internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como el Convenio de Londres, que prohíben el vertido de aguas residuales radiactivas al mar a través de obras de construcción marinas», dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
La comunidad internacional ha cuestionado enérgicamente la decisión del gobierno japonés y se ha opuesto a ella. Las naciones insulares del Pacífico han pedido que se siga debatiendo el plan de Japón. A pesar de la constante oposición, Japón ha seguido adelante con su propuesta de verter al Pacífico el agua contaminada de la accidentada central nuclear de Fukushima
