El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en sus descargos frente a la Acusación Constitucional que se comenzó a discutir en la Cámara de Diputados, invocó la cuestión previa y aseguró que esta acusación no cumple con los requisitos que la Constitución señala para ser acogida. En varios puntos contestó que las infracciones estaban fuera del ámbito de su competencia. Como se ha informado, el secretario de Estado debería responder ante el Congreso en una jornada especial, que ha sido pactada en definitiva para el próximo lunes 10, en el marco de la citada acusación constitucional.
En su argumento, el abogado defensor de Ávila, Francisco Cox, sostuvo que el mecanismo de la Acusación Constitucional tiene carácter de excepcional y de última ratio, es decir, que existen otras herramientas para fiscalizar su actuar como ministro, como la solicitud de oficios, la conformación de comisiones investigadoras, o también la interpelación. Cox afirmó que «ninguna de esas acciones han sido interpuestas en su contra. Ni tampoco ha cometido hechos graves de infracción o inejecución de la ley o de violación a la Constitución que lo ameriten».
Asimismo, indicó que la acusación le imputa al titular de Educación hechos que están fuera del ámbito de su competencia, como el ejercicio de organismos descentralizados, como Junaeb. «En el caso del Mineduc se establece expresamente con la ley, que el órgano que ejerce la supervigilancia y la coordinación con organismos públicos con efectos en educación es la Subsecretaría de Educación», manifestó Cox.
