Por iniciativa propia, es decir de oficio, el ministerio público determinó abrir dos indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos, mediante los cuales ingentes sumas de dinero fueron traspasadas mediante el mecanismo trato directo, a fundaciones como por ejemplo «Urbanismo Social» con $148 millones, entidad en la cual trabajó la actual delegada presidencial Daniela Dresdner antes de ocupar el actual cargo; y la fundación «RedCultivarte» vinculada al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y su grupo familiar por un monto de $274 millones. Es decir, ambas investigaciones pretenden perseguir eventuales delitos por los millonarios traspasos de dinero desde el Gobierno Regional, como del Servicio Regional de Vivienda y Urbanismo.
El Ministerio Público del Biobío explicitó que por iniciativa propia inició «dos investigaciones mediante las cuales se buscará esclarecer la presunta existencia de delitos en los traspaso de recursos públicos«.
La entidad indicó que la primera investigación apunta a la Fundación Urbanismo Social, donde «se indagan eventuales irregularidades en los aportes recibidos de parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu)».
Mientras que la segunda investigación está enmarcada en la ONG Red Cultivarte, «y se investigan eventuales irregularidades en la asignación de fondos entregados por el Gobierno Regional».
