Los Pactos Fiscales son acuerdos amplios entre el Estado y las distintas entidades de la comunidad nacional para establecer las condiciones y compromisos en términos de la gestión y asignación de recursos financieros. Estos acuerdos suelen tener como objetivo ofrecer estabilidad, credibilidad y confianza, que contribuyan con base en el largo alcance del pacto a la inversión y el crecimiento económico sostenible, la estabilización económica y la mejora de la capacidad fiscal del Estado.
Los elementos en que suelen sostenerse son, en primer lugar, Objetivos y Metas Comunes. Es fundamental establecer un conjunto de objetivos y metas compartidos por todas las partes involucradas. Estos pueden incluir la reducción del déficit fiscal, el control de la inflación, la reducción o control de la deuda pública, la mejora de la eficiencia en el gasto público, la promoción de la equidad fiscal, y financiar iniciativas planes y programas compartidos o con base en consensos amplios, entre otros fines siempre compartidos.
Luego está la División de Responsabilidades. Se deben establecer claramente las responsabilidades y roles de cada una de las partes involucradas en el pacto. Esto incluye la asignación de responsabilidades específicas para la recaudación de impuestos, la elaboración de presupuestos, la gestión del gasto público, etc.
En tercer lugar la Coordinación y Cooperación. Los pactos fiscales requieren una estrecha coordinación y cooperación entre las partes involucradas. Esto implica intercambio de información, colaboración en la planificación fiscal y la implementación de políticas comunes.
Enseguida, Legitimidad Fiscal. Se construye al garantizar que los ingresos y gastos públicos se ajusten a principios de justicia y eficiencia, y que se gestionen de manera transparente y responsable.
También la Transparencia y Rendición de Cuentas. La transparencia en la gestión financiera y la rendición de cuentas son elementos esenciales en los pactos fiscales. Es necesario establecer mecanismos de supervisión y evaluación que aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la correcta utilización de los recursos económicos.
Incentivos y Regulaciones. Los pactos fiscales pueden incluir incentivos financieros para estimular el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Además, se pueden establecer regulaciones que promuevan la disciplina fiscal, como límites al endeudamiento público o reglas que limiten el crecimiento del gasto.
Por último, Percepción de Beneficios y Servicios Públicos. La legitimidad fiscal se fortalece cuando la sociedad percibe que los recursos fiscales se utilizan para brindar servicios públicos de calidad. Es importante que los ciudadanos vean un retorno tangible a su contribución fiscal en forma de infraestructuras, educación, salud, seguridad, entre otros.
Podría ser perjudicial utilizar semánticamente la idea de Pacto Fiscal, cuando no concurren algunos de los elementos señalados como la legitimidad, transparencia y acuerdos amplios respecto de las prioridades de inversión y utilización eficiente y eficaz de los recursos. En esa lógica podría no ser correcto hablar de Pacto, si la idea es financiar programas de gobierno cada 4 años, que no necesariamente gozan de consenso amplio ni de verdaderas políticas de Estado en el marco de una reforma acordada para al menos un par de décadas.
Por Augusto Parra Ahumada,
presidente de la Fundación República en Marcha
