El escándalo que se generó tras revelarse los millonarios convenios firmados entre la fundación Democracia Viva con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, está lejos de acabar, luego de conocerse nuevos antecedentes que involucran a otra organización, lo que podría dar pie a una Acusación Constitucional (AC) contra el ministro Carlos Montes.
Se trata de traspasos millonarios que comenzaron en 2019 a una ONG llamada Urbanismo Social, en la que trabajó el actual seremi de Vivienda de la Región del Maule, Rodrigo Hernández, militante del partido oficialista Revolución Democrática (RD).
Al respecto, el ministro del Minvu, Carlos Montes, evitó profundizar sobre este delicado tema, pero sostuvo que el seremi Hernández se habría inhabilitado, a diferencia del caso de Antofagasta, y que la cartera también realizará una investigación interna.