El diputado de la Bancada Republicana, Mauricio Ojeda, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar los castigos para aquellos funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción, como el caso de la fundación ligada a Revolución Democrática (Frente Amplio) “Democracia Viva”.
La idea del parlamentario es que quienes siendo trabajadores fiscales participen en este tipo de ilícitos “pierdan la ciudadanía”, es decir, no pueden votar, ni volver a desempeñarse en la administración pública por el resto de su vida. “Es lo mínimo de moralidad para cualquier persona que ejerce el servicio público”, sostuvo el parlamentario por el Distrito 23, en la región de La Araucanía. Finalmente, el proyecto de reforma constitucional propone como única excepción, a quienes, habiendo sido condenados por los citados ilícitos, logren “la rehabilitación del Senado de la República”.
