Con un giro respecto de lo que fue el argumento original de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la bancada de la UDI decidió desistir de la interpelación y apoyar la acción anunciada por los partidos Social Cristiano y Republicano.
El tema principal ya no sería la agenda valórica contenida en la guía de la sexualidad del año 2017, sino que ahora estaría centrada en la deserción escolar y docente, la no utilización de la Ley Aula Segura y la “tómbola” de Sistema de Admisión Escolar (SAE). Al menos fue lo anunció el diputado integrante de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, que afirmó que como bancada acordaron “ir por la acusación constitucional porque creemos que existen antecedentes suficientes para proceder con ésta”. Bobadilla indicó que al no invocar la aplicación de la Ley Aula Segura, se está renunciado a “erradicar a los violentistas de los establecimientos educacionales”, mientras que en el caso del sistema de admisión se trata de “un verdadero atentado contra la voluntad que siempre debe primar, que sean los padres quienes elijan la educación de sus hijos y no solo sea el Estado que ofrezca una sola opción”.
Agenda sobre sexualidad
El parlamentario de la UDI agregó que «estos elementos se deben considerar en la acusación constitucional, y por eso la vamos a apoyar decididamente. Es más, concurrimos con nuestras firmas para que esto se concrete”. Precisó que la agenda sobre sexualidad “también va a ser considerada dentro de los estudios que se están haciendo para definir un texto que nos represente a todos” quienes apoyarán la acusación que sería presentada esta semana o a más tardar el lunes o martes de la próxima semana.
Dado este escenario, la también integrante de la Comisión de Educación, diputada del Partido Convergencia Social (de la izquierda), Emilia Schneider, afirmó que es insólito que la derecha insista en la acusación cuando “no ha sido capaz de entregar ningún argumento que no esté basado en mentiras o en discriminación, porque en ningún caso el ministerio (de Educación) está incumpliendo con el mandato constitucional, ni con las responsabilidades que le establecen las leyes”. Todo lo contrario, agregó Schneider, ya que el Gobierno está trabajando “por traer a los estudiantes a las aulas y de eso dan cuenta las cifras que han ido mejorando y también el plan de reactivación educativa que ha sido presentado a todo el país”. Además, respecto de la educación inclusiva, la diputada afirmó que el Mineduc “está trabajando para prevenir y combatir la discriminación y la violencia que viven todos los estudiantes por cualquier consideración, incluida la orientación sexual, para que no tengamos que lamentar que un estudiante interrumpa su proceso educativo o que perdamos la vida de un niño, niña o joven de nuestro país”.
Por su parte, el diputado Independiente Carlos Bianchi, al ser consultado si apoyará la acusación, afirmó que primero hay que ver de qué se trata y “si en el libelo se señalan aspectos que a mí me hagan sentido el poder volver a citar al propio ministro de Educación una vez más, así lo haré. Pero si encuentro que no está en el libelo la profundidad de una acusación, no lo voy a hacer”. Agregó que “hay otros aspectos más relevantes en el país como la situación de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública), que por lejos pueden transformarse en algo extraordinariamente demoledor para la educación pública, y me gustaría que nos centremos en esos focos importantes, las invitaciones, las acusaciones, el diálogo para ver de qué manera mejoramos la educación pública y lo que tiene que ver con las demandas históricas, etcétera.”.
